Durante la Sesión Pública Ordinaria del H. Congreso del Estado, llevada a cabo este jueves, la
diputada Aurora Sierra Rodríguez, representante del distrito 18, presentó una iniciativa de reforma
a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla para que
los entes públicos promuevan y diseñen mecanismos de supervisión permanente para prevenir que
el personal ya contratado sea discriminado por razón de edad, discapacidad, condición social,
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que
atente contra su dignidad humana.
La discriminación laboral plantea importantes obstáculos para la convivencia y el bienestar social.
Este problema tiene un hondo impacto en la sociedad, ya que cualquier empleado que se siente
discriminado experimenta un considerable sufrimiento psicológico, por lo que son más propensos a
padecer trastornos como crisis nerviosas, insatisfacción personal o depresión.
La diputada local durante su intervención, señaló cifras alarmantes para nuestro estado, pues
nuestra entidad federativa desafortunadamente se ubicó en el primer lugar nacional en
discriminación laboral, debido a que el 28% de la población mayor a 18 años declaró haber sido
discriminada por algún motivo o condición, según lo reveló la Encuesta Nacional sobre la
Discriminación 2017 presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las
causas más comunes de discriminación fueron por el tono de piel, por su peso, estatura, forma de
vestir, su clase social, creencias religiosas, sexo, edad u orientación sexual, puntualizó que de ahí
la importancia de esta reforma.
De igual forma, durante la sesión, Sierra Rodriguez presentó ante el pleno una iniciativa para
reformar las fracciones VII y VIII y adicionar la fracción IX al artículo 146 para que en la Ley
Estatal de Salud quede establecido el uso de cubrebocas de manera obligatoria como medida
preventiva y de control en caso de que se contraigan enfermedades transmisibles que requieren
vigilancia epidemiológica como el caso del COVID-19 y enfermedades futuras y así contar con un
marco legal para evitar la transmisión de estas.
