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JUAN NAVARRO, EDIL DE CIUDAD SERDÁN EMPECINADO EN RECUPERAR LO INVERTIDO EN SU FALLIDA CAMPAÑA

Entrega personal del Ayuntamiento  documentación sin validez oficial.

Juan Navarro, presidente municipal de Ciudad Serdán está entregando supuestos recibos oficiales del Ayuntamiento, sin folio y otras medidas de seguridad a beneficiarios de vivienda financiada con recursos federales, pero los trámites los realiza un abogado particular.
Lo anterior ya despertó la sospecha de los afectados de que se trata de un fraude del alcalde quien está cobrando cuotas extraordinarias a las establecidas en las reglas de operación e los programas federales de la SEDATU para la entrega de vivienda rural.
Entrevistados varios de los beneficiarios concluyen que el edil Juan Navarro, quien perdió la diputación federal en la pasada elección del 1 de julio, gastó mucho dinero en campaña y ahora quiere recuperarse a costa de las familias de escasos recursos que se inscribieron en este programa de vivienda.
Reiteraron que cada pago que dan reciben un recibo del ayuntamiento pero ni siquiera está foliado y lo más sospechoso es que los tramites son ante un abogado externo al ayuntamiento y que al parecer trabaja a las órdenes de Juan Navarro desde una empresa constructora.
Señalaron, una vez más que las cuotas establecidas antes de la campaña de Juan Navarro como diputado y edil con licencia eran  más bajas que las que actualmente esta cobrando una empresa designada por  el ayuntamiento a los beneficiarios de las viviendas.
Lo peor del caso es que dichas casas carecen de servicios de drenaje, agua y luz y la empresa que está ejecutando los cobros a nombre del ayuntamiento cobra los siguientes conceptos:  400 pesos de vigilancia; 2 mil 516 pesos por construcción de banquetas y guarniciones;  mil 500 pesos de servicios generales  y 300 pesos por la Constancia de Posesión.
Las viviendas construidas en el municipio de Ciudad Serdán,  fueron financiadas con recursos federales de programas sociales, pero Juan Navarro, está cobrando como si fuera una empresa privada la que edificó las casas. Los afectados son más de 500 familias de escasos recursos económicos.

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